martes, 24 de marzo de 2015

¿Homicidio simple o preterintencional? Análisis de una sentencia.

Informe y análisis de una sentencia
Casación 01004-2013-00676
Caso (Hechos acreditados): La víctima pilotaba un bus de transporte y de forma agresiva y con bocina abierta rebasó al vehículo conducido por el procesado, lo que provocó el enojo de éste. Ese mismo día el procesado buscó al piloto del autobús y al tenerlo de frente sacó un arma de fuego y le disparó provocándole heridas en la boca y el cuello, las que le causaron la muerte.
Recurso de casación. El procesado interpone un único motivo de fondo en el que alega violación a la relación de causalidad, porque en el debate no se probó que haya tenido una intención o dolo homicida directo, sino “únicamente se probó el resultado” (la muerte de la víctima), por lo que sus acciones debieron calificarse como homicidio preterintencional y no como homicidio simple.

ANÁLISIS
Reproduciendo el criterio jurisprudencial sentado por esta Cámara en cuanto a que quien invoca un motivo de fondo necesariamente parte de aceptar los hechos que el tribunal de sentencia ha tenido por acreditados, en la sentencia se acota que el análisis de la Cámara se limitará a verificar si tales hechos se adecuan o no al tipo penal imputado, sin entrar a analizar si existe o no elementos de prueba para acreditar o desacreditar la intención de matar al agraviado.
Dadas estas advertencias, en la sentencia se concluye –en nuestra opinión acertadamente– que de los hechos acreditados no puede derivarse elementos subjetivos que permitan subsumir las acciones del procesado en la figura del homicidio preterintencional, ya que los actos exteriores del acusado no demuestran que haya obrado “con dolo delimitado con actos idóneos para causar un mal menor que el que se produjo como resultado de su acción”, sino que por el contrario demostraron ser idóneos para concluir que sí hubo una intención de matar, lo que se deriva del “medio empleado” (un arma de fuego que evidentemente tiene la potencialidad de matar); de la “forma en que se produce el hecho” (el procesado ha ido a buscar expresamente a la víctima para agredirla); y de la “localización de las heridas” (causadas en partes vitales como la boca y el cuello).  En la sentencia incluso se observa que si algún error hubo en la calificación del hecho, éste fue a favor del procesado, pues habiéndose acreditado una motivación fútil en su ejecución la pena mínima habría tenido que ser aumentada.
En conclusión, el análisis hecho en la ponencia cumple con los requisitos de fundamentación fáctica, jurídica e intelectiva para calificarla como acertada al declarar la improcedencia del recurso de casación, pues de los hechos acreditados por el tribunal no se desprende objetivamente que el procesado haya actuado movido por una mera intensión de lesionar, sino, al contrario, que lo hizo teniendo consciencia de que sus actos tendrían (casi seguramente) un desenlace mortal para la víctima.
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INFORME EXTENDIDO

Dos observaciones preliminares. La primera es sobre el caso en sí, y es que resulta extraño que desde el principio el Ministerio Público no haya acusado por asesinato, pues había elementos para sostener que hubo, por lo menos, premeditación.
La segunda observación es sobre la fidelidad en reproducir la controversia de fondo. Y es que a pesar de no haberse tenido el expediente a la vista, el resumen de los argumentos del recurso de casación parecen un tanto “blandos y ligeros”. Hay dos quejas contra la Sala: una es contra la falta de razonamientos concluyentes para fundamentar su decisión de que el tribunal no violó la relación de causalidad y de que su intención fue directamente la de matar, aspecto sobre el cual la sentencia hace silencio a pesar de que habría requerido algún pronunciamiento. La segunda queja es precisamente sobre la insuficiencia de la prueba para demostrar que hubo dolo eventual. Es dudoso que el procesado no haya dicho otras cosas importantes sobre por qué su intención no fue la de provocar la muerte de la víctima. Cosa que es relevante en este caso porque la casación se desestima en basa a que tal intención sí existió.

En síntesis: parece estar faltando una exposición más comprensiva de los argumentos en que se habría fundado la queja de que no se probó una intención homicida. Esto, por supuesto, es sólo una suposición, pues sólo teniendo a la vista el recurso podría confirmarse si los argumentos del procesado han sido o no tan “blandos” e inconsistentes como se presentan en la sentencia.

Más observaciones de fondo. Pero si hemos de ser más críticos con nuestras observaciones, debe decirse que en su totalidad la sentencia no es más que una recopilación de frases y párrafos de sentencias anteriores. Todo lo que dice en los considerativos se puede encontrar en términos idénticos en las sentencias sobre homicidio y preterintencionalidad emitidas dentro de los expedientes 1858-2012(25-02-2013), 1724-2012(09-01-2013), 1382-2012(27-09-2012), 59-2013(03-09-2013), 868-2013(11-11-2013). Cabe preguntarse si hacer este tipo de collage es resolver realmente un caso.

No hay un solo párrafo que intente analizar el caso concreto y la verdadera controversia que el recurso plantea. En esto los resúmenes que se hacen de los recursos de apelación especial y de casación son claves, pues en ellos se establecen las premisas de la controversia. Sin embargo, parecen sospechosos desde el inicio porque su redacción esta claramente enfilada a un planteamiento simplista que se acopla a una solución estándar que se copia de casos anteriores que han tratado ya sobre el homicidio y la preterintencionalidad.

Pero si debemos de confiar en esos resúmenes, algo sobre lo que no tenemos alternativa al no disponer del expediente para consultar los textos originales, hemos de decir que el argumento medular en que se basa la impugnación es la falta de un análisis adecuado sobre la prueba para concluir de forma inequívoca que la intensión del procesado al llegar al lugar de los hechos era la de matar a la víctima. Esto reclama necesariamente hacer algunas consideraciones sobre la prueba, pero desde el principio se declara que “no se analizará si existe o no elementos de prueba para acreditar o desacreditar la intención de cuasar la muerte del agraviado”, pues quien plantea un motivo de fondo “parte de aceptar como ciertos los hechos que el tribunal sentenciante ha tenido por acreditados”. De esta forma se condiciona el análisis de manera que el resultado tendrá que ser siempre el de confirmar la calificación ya hecha. Si el agravio se basaba realmente en una revaloración de la prueba el motivo simplemente no debió admitirse. Pero si a pesar de ello fue admitido entonces no deberíamos complicar el análisis anticipando que no analizaremos si existe o no pruebas para acreditar o desacreditar la intención de matar, pues en los términos en que se admitió el motivo necesariamente tendremos que hacer alguna mención de ella (al menos sobre la corrección lógica sus derivaciones). Cosa que de hecho se hace en la sentencia, por ejemplo, en el párrafo séptimo del considerando dos que inicia diciendo: “Al descender a la plataforma fáctica se aprecia que…” Y en el párrafo inmediato siguiente que dice: “Esta Cámara estima que, de lo acreditado no se desprende elementos subjetivos que orienten la subsunción de los hechos en el delito de homicidio preterintencional”. Estas frases evidentemente son la introducción a un análisis de la prueba, aunque nos empeñemos en introducir fórmula de lo contrario.

La conclusión es que el análisis hecho en esta sentencia es un círculo vicioso en que se plantean premisas que autolimitan el juicio y lo condicionan anticipadamente a una necesaria confirmación de la sentencia recurrida.

La sentencia concluye afirmando que la Sala hizo una subsunción correcta de los hechos al delito de homicidio. Conclusión que se perfilaba desde el principio al declararse expresamente que el análisis de la Cámara se limitaría a establecer si los hechos probados se subsumían en el tipo de homicidio, cosa que resultaba necesaria desde que tales hechos se daban por ciertos. Pero tal proceder es adelantar la conclusión misma como premisa del silogismo, lo que en lógica se conoce como afirmación del consecuente.  Es decir, la estructura del razonamiento empleado sería: si hubo intención de matar es homicidio; hubo homicidio, entonces hubo intención de matar. Esto, evidentemente, es una mera repetición de la propia conclusión que deja sin resolver lo importante, que es establecer por qué hubo o no hubo intención de matar.

Lo que el procesado impugna es que no ha habido prueba concluyente sobre cuál era su intención, pero la Cámara niega toda posibilidad de analizar esto desde que al inicio declara que las conclusiones del tribunal deben tenerse por ciertas, entre las cuales se encuentra, por supuesto, que el procesado tuvo la intensión de matar. De esta forma se niega toda posibilidad de discusión sobre el verdadero agravio y se desvía el análisis haciendo tautologías conceptuales sobre las que nadie discute.

La única parte que intenta dar respuesta al verdadero agravio, y esta es también copia idéntica de un fallo anterior (véase Casación 1382-2012, de fecha 27-09-2012), es en el antepenúltimo párrafo, en el que se dice: “En efecto, al no estar acreditado el motivo por el cual el acusado le disparó el proyectil de arma de fuego a la víctima, resulta imposible estimar la delimitación del dolo que sirva de base para subsumir los hechos en la figura del homicidio preterintencional, pues, para aplicar los artículos 126 y 26 numeral 6º del Código Penal, es necesario establecer el [tipo de dolo]”.  Dicho en otros términos, al verdadero agravio se le da por única respuesta que al no poder establecerse qué clase de dolo fue el que existió entonces no puede aplicarse la figura del homicidio preterintencional, cuya aplicación requiere excluir el dolo de homicidio. Y que por esa razón debe asumirse que se trató de un homicidio simple. Pero esa forma de razonar es insostenible, pues, por una parte, equivale a asumir arbitrariamente que si no hay dolo (el dolo ha sido calificado de eventual en este caso) necesariamente debe haberlo directo. Esto es presumir la clase de dolo, y eso evidentemente es una conclusión apresurada y sin fundamento que viola el principio favor rei.

Por otra parte, se hace radicar el problema en un falso dilema. Aquí no importa si el dolo (de homicidio) fue directo o eventual, pues en ambos casos se trataría igualmente de un homicidio simple. El dilema que plantea el alegato de preterintencionalidad es sobre la naturaleza del dolo, es decir, si ha sido de matar o sólo de lesionar. Si yo quiero lesionar, pero me puedo representar la posibilidad de que mi acción puede también terminar en la muerte de la víctima, entonces es dolo homicida, aunque sea eventual. Pero si la intención de mi acción es lesionar y sinceramente yo no me he representado nunca la posibilidad de que mis actos deriven en la muerte de la víctima, entonces hay dolo igualmente, pero se trata de un dolo de lesionar únicamente. Y si el dolo ha sido de lesionar pero la víctima eventualmente muere por causas escasamente previsibles, entonces se trataría realmente de un homicidio preterintencional, pues se causa un mal mayor al auténticamente pretendido. Entonces, aquí lo que interesa no es la clase de dolo (homicida) por razón de la previsibilidad de su resultado, es decir, si es directo o eventual, sino la clase de dolo por razón de su intencionalidad originaria, es decir, si es de lesionar o de matar.

Por lo tanto, en el presente caso lo que correspondería resolver, y que de hecho se hace a pesar de la monótona afirmación de que no se puede valorar prueba, es que al valorarse las acciones realizadas se demuestra –vale precisar que de forma indiciaria– que la intención genuina fue la de matar y no solamente la de causar lesiones que, por razones escasamente previsibles y ajenas a la voluntad del procesado, acaban provocando la muerte del agredido. Dicha valoración se hace efectivamente en la sentencia cuando se analiza “el medio empleado” (un arma de fuego que evidentemente tiene la potencialidad de matar); “la forma en que se produce el hecho” (el procesado ha buscado expresamente a la víctima para agredirla); y “la localización de las heridas” (causadas en partes vitales como la boca y el cuello).

En conclusión, aunque la experiencia y el sentido común permiten adivinar que la conclusión de condenar por homicidio es la correcta, los caminos lógicos que se emplean en la sentencia no nos parece que hayan sido del todo acertados.


Estas observaciones intentan calar en las estructuras del razonamiento a un nivel de profundidad al que no todos están dispuestos a llegar, así que aplicando un poco de sentido práctico, mi opinión es que la sentencia debe ser aprobado tal y como se presenta, pues salvo nuestra opinión de que hay algunos extravíos lógicos, la sentencia llega a una conclusión bastante previsible conforme a los hechos acreditados. Y esa conclusión es que en este caso ha existido un homicidio simple y no un homicidio preterintencional. 

jueves, 5 de marzo de 2015

Antejuicio. Dudosos criterios "vanguardistas" de la Corte de Constitucionalidad.

Amparo en única instancia 2214-2014 (Sentencia de 10-12-2014) relacionado con el rechazo de la solicitud de Antejuicio de J.R. Zamora contra la Vicepresidenta de la República.

La conclusión que se puede extraer de este amparo en única instancia es que los altos funcionarios y funcionarias de la República –en este caso una mujer– pueden querellarse contra cualquier periodista acusando sus publicaciones críticas de violencia contra la mujer. Pero cuando el periodista intenta reconvenir a la funcionaria por considerar que con su acción comete otros delitos, en este caso los de abuso de autoridad y simulación de delitos, la garantía del antejuicio sirve como escudo para proteger a la funcionaria de la querella promovida en su contra porque las razones de la imputación se consideran “ilegítimas, políticas o espurias”.

Evidentemente aquí no hay igualdad de trato ni de condiciones ante la ley.

Si nos mantenemos al margen de opinar sobre las personas o el contexto político y social dentro del cual surge este caso particular y nos quedamos en el marco estrictamente jurídico, lo que resulta interesante apreciar es que se vislumbra una especie de inconsistencia lógica en rechazar la solicitud de antejuicio diciendo que las razones de la querella contra la funcionaria son “ilegítimas, políticas o espurias”. El primer acto de la Vicepresidenta pareciera legitimar la reacción del querellante, liberándola del cargo de meramente política y de las cautelas de que su motivación sea falsa o de que tenga un origen que degenera de los fines normales del proceso penal.  

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio de forma liminar por estimar que la funcionaria antejuiciada “no actuó de forma antijurídica, puesto que toda persona tiene la facultad y poder de plantear y presentar requerimientos a los tribunales de justicia para pedir la tutela de los derechos que considere afectados y plantear pretensiones y argumentos al respecto, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la República... De manera que cualquier ciudadano, funcionario o no, tiene ese derecho de acción que es independiente al derecho de fondo que se reclama y que en su caso debe decretarse en un juicio o proceso... De esa cuenta no puede considerarse como delito ejercer el Derecho mediante la acción procesal ante un juzgado o tribunal”; y porque “el procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias”.

El periodista planteó amparo en única instancia cuestionando este criterio porque –según el escueto resumen que la sentencia hace del agravio denunciado– “la Corte no cumplió con rechazar el antejuicio por razones espurias, políticas o ilegítimas... sino lo hizo conociendo el fondo, argumentando que la vicepresidenta no actuó de forma antijurídica [al ejercer su derecho de acudir a los tribunales], decisión que le corresponde emitir con exclusividad al Congreso de la República”.

La Corte de Constitucionalidad evadió dar respuesta al punto de agravio, es decir, no entró a evaluar si en efecto la Corte Suprema de Justicia procedió o no a conocer indebidamente sobre el fondo del antejuicio. Se limitó a citar su jurisprudencia reiterada en la que ha declarado, “aplicando la correcta hermenéutica de la Ley en Materia de Antejuicio” y “apartada de un rigor positivista”, que la Corte Suprema de Justicia “no es un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple remisión de las actuaciones [al Congreso de la República]; sino más bien, ostenta, por la propia potestad de administrar justicia, de la facultad de calificar como un tribunal de Derecho, si las diligencias que contienen el antejuicio que se ha sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia”.

Después, la Corte de Constitucionalidad repite y se adhiere al criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia al rechazar el antejuicio diciendo que la Vicepresidente, como toda persona, “tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones o hacer valer sus derechos”.

Partamos, aunque es algo muy discutible, de dar por admitido que la Corte Suprema de Justicia puede rechazar liminarmente la solicitud de antejuicio sin trasladarla al Congreso de la República. El caso es que el amparista no cuestionó eso, sino que la solicitud de antejuicio fue indebidamente rechazada en base a un análisis sobre el fondo de la cuestión, en el que implícitamente se le decía que sus razones para querellarse eran ilegítimas y espurias, lo que a criterio del amparista sólo le corresponde al Congreso de la República. Sobre este punto, el punto de agravio, la Corte de Constitucionalidad hizo un silencio injustificable.

Pareciera que en este caso se aplica arbitrariamente un doble criterio. El funcionario –que es una mujer– se desprende de su cargo y, como ciudadana común, acude a querellarse contra un periodista por el delito de violencia contra la mujer, el que este habría cometido en algunas publicaciones en las que puso en entredicho la honorabilidad de aquella espectral funcionaria que ahora, transitoriamente, se ha quedado sin “ser”. Sorprendentemente la nueva ciudadana común obtiene medidas cautelares, pero cuando el periodista le reconviene con otra querella por abuso de poder, ésta se transmuta nuevamente y, ahora como Vicepresidenta de la República, se ampara en la figura del antejuicio, en virtud de la cual las Cortes (no el Congreso de la República) le dicen al periodista, liminarmente, que las razones de su querella son espurias, políticas e ilegítimas. ¿¡!?

Pregunta para la Corte de Constitucionalidad: ¿Se puede admitir que el funcionario juegue caprichosamente cambiando su entidad y estatus jurídico de forma arbitraria y a conveniencia? Si el funcionario se desprendió del escudo que le daba su cargo y baja al mundo del ciudadano común para plantear una querella “como mujer”, entonces ¿no debe quedarse allí y asumir todas las consecuencias que deriven de esa querella, incluyendo la de ser reconvenida por el periodista querellado? Si no lo hace así, y las Cortes lo consienten para mantener el estatus quo, entonces queda en evidencia de parte de este funcionario, y de los jueces que lo toleran, una doble moral y un doble criterio para juzgar.

Nuestro cuestionamiento es contra la ética de la argumentación de las Cortes, y por lo tanto no valen en contra suya aspectos sobre si la funcionaria, corrigiendo la mala asesoría jurídica que la convirtió en fantasma de sí misma después desistió de su querella para acudir a un juicio de imprenta como correspondía desde el principio; o bien, que el periodista debió esperar que se resolviera la querella en su contra para que la suya contra la funcionaria pudiera tener fundamento. Esas y otras objeciones similares sólo distraerían el punto de ética y corrección argumentativa que se cuestiona, y que concretamente es sobre si la Corte de Constitucionalidad, dadas las circunstancias al momento en que resolvió el amparo en única instancia, lo hizo en realidad de forma correcta y con honestidad conceptual al utilizar esas mágicas frases de “aplicando la correcta hermenéutica de la ley” y “apartada de un rigor positivista”.

Finalizo precisando lo siguiente: en mi opinión el fallo de la Corte de Constitucionalidad carece de fundamento porque su respuesta expresa una justificación de la facultad pre-calificadora de la Corte Suprema de Justicia y la adhesión al criterio de que ejercer el Derecho (el derecho a accionar penalmente) no puede ser considerado un delito. Pero de esta forma no responde a la parte esencial del agravio, que se refiere a si la Corte Suprema de Justicia había o no resuelto el fondo del antejuicio atribuyéndose una potestades exclusiva del Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad se desvía del tema al referirse a la facultad pre-calificadora de la Corte Suprema de Justicia, y no a si lo que hizo con esa facultad, por su contenido, equivalía o no a resolver sobre el fondo mismo del antejuicio, que de ser así implicaría una violación al debido proceso. Dicho de otra forma: limitarse a decir que la CSJ tiene una facultad pre-calificadora no es dar respuesta al agravio que cuestiona un posible exceso en los razonamientos dadas por la CSJ.

En mi opinión, la Corte de Constitucionalidad no identificó adecuadamente el verdadero objeto de agravio. Y lo más cuestionable es que, para interpretar el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio se comporta muy vanguardista, muy avant garde, aplicando “la correcta hermenéutica” y apartándose de un “rigor positivista”, pero para interpretar el sentido del agravio su análisis se queda muy corto.

Aplicando esas mismas bellas palabras pudo haber considerado algo tan innovador como lo siguiente:

Si el funcionario demanda a un periodista por considerar que sus publicaciones lo agreden como persona (como mujer en este caso), este mismo hecho cancela que si el periodista reconviene con otra querella, ésta pueda repelerse (liminarmente), dentro del marco de la garantía de antejuicio, bajo la consideración de que sus razones son ilegítimas, políticas o espurias, pues la primera querella legitima la segunda, y la libera del cargo de meramente política y de las cautelas de que su motivación sea falsa o de que tengan un origen que degenera de los fines normales del proceso penal. El funcionario no puede jugar con su doble calidad de funcionario y persona para querellarse con cualquiera y luego protegerse bajo la garantía transitoria del antejuicio. Si la causa de su accionar penal es contra la crítica de su función oficial, no puede ampararse en las garantías de ésta (verbigracia el antejuicio) para repeler liminarmente las acciones penales que ella misma provoca. 

He aquí un vínculo a los comentarios que el antejuicio generó en la prensa local.

jueves, 26 de junio de 2014

¿Es ejecutable en cualquier momento del proceso la pensión provisional de alimentos? (De cuando no es correcto apelar a los fines de la norma.)

En este caso, el tribunal de familia rechazó la solicitud de fijar un plazo al demandado para cumplir con la pensión alimenticia provisional porque tal petición no estaba contemplada en ninguno de los supuestos para la ejecución regulados en los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. En concreto, rechazó la solicitud porque no había título (o sentencia firme) para ello.

Después de haberse agotado todas las instancias de impugnación, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo por considerar que la pensión alimenticia provisional “es exigible en cualquier momento, en tanto el asunto principal que la provocó se resuelve en definitiva, ello por el carácter de urgencia que la reviste en cuanto a cubrir necesidades inherentes al ser humano”. (Sentencia de 23/01/2014, Exp. 4805-2014).

Aunque compartimos la conclusión de que la pensión provisional es exigible en cualquier estado del proceso, nos parece que las razones dadas por la Corte de Constitucionalidad no son las correctas.

La Corte de Constitucionalidad explica que “resulta inaceptable que la petición de la demandada (...) sea rechazada porque (...) la misma no es respaldada con un título ejecutivo que permita el requerimiento del pago pretendido, cuando la propia necesidad de los alimentantes en cubrir sus necesidades convierte a la resolución que fijó aquellas pensiones provisionales en suficiente para exigir el cumplimiento del derecho de alimentos que la propia ley les ha otorgado,  situación que impide que el cumplimiento de las pensiones provisionales deban exigirse hasta que se resuelva en definitiva la demanda planteada, pues por ser de suma urgencia su cumplimiento es requerible en cualquier momento”. (Los subrayados no son del original.)

El error de la Corte de Constitucionalidad radica en que su respuesta se basa únicamente en explicar la finalidad de la pensión provisional, cosa que aquí no ha sido puesta a discusión. Exponer cuál sea esa finalidad no es dar razones de por qué es exigible de forma inmediata. No es la necesidad del alimentista o la finalidad de suplir esa necesidad, por muy apremiante que la Corte quiera presentarla, lo que hace que la pensión provisional sea exigible inmediatamente.

Claro; hay un sentido en el que los fines que motivan la institución de la pensión provisional explican por qué es exigible inmediatamente, y ello radica en evitar los peligros inminentes, en especial para los menores, ante la demora de la decisión definitiva sobre los alimentos (periculum in mora). No se piense que intencional y deliberadamente nos cegamos a verlo. Pero lo que queremos decir es que no es eso lo que se ha puesto a discusión en este caso con la clase de negativa que ha dado el tribunal de familia. El tribunal rechazó la solicitud porque cree que para ejecutar la pensión provisional es necesario un título ejecutivo de los descritos en los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil; y más concretamente, una sentencia firme. Lo que corresponde responder a eso es por qué razón  la resolución que fija la pensión provisional es ejecutable a pesar de no coincidir con ninguno de esos títulos ejecutivos. Y eso es precisamente lo que la Corte de Constitucionalidad no hace. Su razonamiento incurre en la falacia ad misericordiam, ya que para justificar su decisión apela únicamente a lo apremiante o dramática que puede ser la necesidad del alimentista,  especialmente cuando se trata de los hijos menores.

Me parece que nadie,  ni la demandante (la amparista), ni el tribunal, ni la Sala, ni la Corte de Constitucionalidad, leyeron con suficiente detenimiento el capítulo relativo a los alimentos del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 214 tiene el epígrafe “medidas precautorias y de ejecución”. Es sabido que el epígrafe carece de carácter legal (art. 207 de la Ley del Organismo Judicial), pero en este caso da la pauta de por dónde viene la solución correcta al caso. La norma dice:

       Artículo 214. (Medidas precautorias y de ejecución.) El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía.
       Si el obligado no cumpliere se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo.

Los alimentos se fijan provisionalmente como una medida precautoria especial, propia del juicio de alimentos. Con ella se pretende garantizar las necesidades mínimas e inmediatas de los alimentistas en tanto se decide de forma definitiva sobre la existencia o no de la obligación. Si en sentencia se declara que no hay obligación de prestar alimentos, entonces lo pagado es restituible. Así lo establece expresamente el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero la ley desarrolla en esta materia una presunción legal iuris tantum que deriva de la naturaleza especial del derecho en discusión, pues está en peligro la provisión de los recursos que puedan garantizar la alimentación mínima (que comprende: comida, salud, educación y vivienda).

Pero no hay que distraerse del verdadero punto de derecho que se pone en discusión en este caso y que ni los tribunales ni la Corte de Constitucionalidad supieron identificar. Los jueces tienen, en general, la facultad de promover la ejecución de sus (propias) resoluciones, pero ello no significa que sólo puedan ejecutarse las sentencias, pues esa facultad que les confiere la ley abarca la ejecutabilidad de todas sus resoluciones, así se trate de las que resuelven provisionalmente sobre el derecho de fondo, como sucede con la pensión provisional. 

El artículo 203 de la Constitución Política de la República establece que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de “juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”. Pero por “juzgado” no debe interpretarse sólo la sentencia final que resuelve de forma definitiva la controversia. Cuando el juez fija la pensión alimenticia es porque ha juzgado, con fundamento en la ley y las facultades que esta le otorga, que tal pensión provisional es procedente, y por lo tanto no se necesita, para exigir y promover su ejecución, de ninguna sentencia o título ejecutivo de los señalados en los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil.

La ejecutabilidad deriva de que son medidas cautelares especiales previstas expresamente por la ley. El embargo, por ejemplo, no necesita que haya sentencia para ejecutarse. De igual manera, la pensión alimenticia provisional tampoco la necesita. La respuesta correcta en este caso reclamaba saber identificar la naturaleza cautelar que tiene la pensión alimenticia provisional. Pero lamentablemente ninguno de los sujetos procesales ni de los órganos jurisdiccionales supo discernir en dónde radicaba verdaderamente la controversia planteada por la absurda resolución del tribunal de familia. Por tal razón somos de la opinión de que la respuesta dada por la Corte de Constitucionalidad carece de una fundamentación jurídica adecuada.


La lección que se extrae de este asunto, para quienes litigan y para quienes resuelven, es que apelar a los fines de la norma o del instituto no siempre provee de la respuesta correcta al problema planteado. En general, existe la tendencia de acudir a los fines de la norma para responder a los problemas jurídicos, lo que es correcto cuando el problema radica en la interpretación del sentido de una determinada norma, pero que en otras ocasiones nos puede llevar a una falsa respuesta.  La regla que debemos extraer de esto es que la respuesta correcta requiere, como un primer requisito, saber identificar cuál es el problema. En este caso, por ejemplo, la controversia no era la interpretación de los alcances y fines de la pensión provisional, sino comprender los mecanismos procesales para su ejecución. Comprender su naturaleza de medida cautelar era lo que se necesitaba para desarmar el argumento del título ejecutivo previo.

miércoles, 13 de junio de 2012

¿Estafa propia o deuda simple?


¿Estafa propia o deuda simple?

Comentarios a la sentencia de casación penal
número 313-2008, de fecha 10-Ene-2011


Este caso trata de un delito de estafa propia que se deriva de que el procesado compró una mercadería a crédito (30 días), y al llegar la fecha de vencimiento emite un cheque sin fondos para pagarla. El procesado alega que no se trata de una estafa propia, sino de una simple deuda.

La sentencia de la Cámara Penal me parece equivocada en su fundamentación al no identificar lo que resulta esencial en el argumento del recurrente.

La Cámara desestima el argumento del casacionista diciendo que que aunque los hechos no se acomodasen al delito de estafa propia regulado en el artículo 263, igualmente lo habría hecho en el delito de estafa mediante cheque (artículo 268), por lo que en cualquiera de los dos casos no se trata de una simple deuda, sino de un engaño con evidente defraudación en el patrimonio de la víctima.

Esto, sin dejar de ser válido, no responde al argumento del casacionista.

Transcribo aquí la parte medular de la respuesta dada por la Cámara Penal:

En efecto, si se considerara que el acusado no empleó ardid para obtener la mercadería defraudada, sino que la defraudación se produce en el momento en que emite un cheque sin provisión de fondos, porque la cuenta había sido inhabilitada, ello no llevaría a la conclusión a que llega el casacionista, es decir, que se trata de una conducta no tipificada, pues según él se trataría de una simple deuda que no podría ser penalizada. La conclusión jurídica correcta de la tesis del recurrente sería más bien adecuar la conducta al tipo establecido en el artículo 268 del Código Penal (estafa mediante cheque), ya que se dio en pago de la deuda un cheque sin provisión de fondos. Se considera que por la naturaleza proteica del delito de estafa, es explicable, que tanto el tribunal a quo como el ad quem hayan subsumido la conducta objeto del juicio, en el tipo regulado en el artículo 263, pero bien pudieron hacerlo igualmente en el artículo 268 ibid, y en cualesquiera de los casos estaría a salvo el respeto al artículo 17 constitucional denunciado como violado. Queda claro que no se trata de una simple deuda, sino de un acto de engaño en donde se da una evidente defraudación, a través del mecanismo ya señalado. Por lo anterior, esta Cámara es del criterio que la actuación del acusado O.T.M.C. sí se enmarca en el supuesto de hecho contenido en el artículo 263 del Código Penal que regula el delito de estafa propia

Lo que el casacionista plantea es la inexistencia de una relación causal entre la emisión del cheque y la defraudación patrimonial, ya que la mercadería le había sido vendida al crédito un mes antes de emitir el cheque. La premisa en que se basa esta defensa es que para que exista el supuesto del ardid o engaño previo, debe haber una relación de continuidad y causalidad inmediata entre emitir el cheque carente de fondos y la defraudación patrimonial, lo que no sucede en este caso porque la mercancía fue recibida un mes antes como producto de una compra al crédito. Este es el problema de fondo que la Cámara omite resolver.

El argumento del casacionista se basa en resaltar la disociación entre los momentos de defraudar el patrimonio ajeno –cosa que se dio al recibir la mercadería– y el momento en que  emitió el cheque carente de fondos –un mes después. Resaltando esta disociación temporal el casacionista cree romper la necesaria relación causal que debe haber entre un hecho y otro, es decir, entre recibir la mercadería y pagarla con un cheque sin fondos, convirtiendo así el hecho en una simple deuda.

Este argumento merece una respuesta específica que la Cámara no supo dar y que aquí intentaremos darla nosotros:

El argumento del casacionista es falso porque el tipo penal de estafa propia (artículo 263) no exige una continuidad temporal inmediata entre el ardid que induce a error y la defraudación patrimonial. Para que se de la estafa basta que se demuestre la existencia de un nexo causal entre uno y otro, es decir, entre recibir la mercadería a crédito y pagar con un cheque, el cual en este caso obviamente no se rompe por la discontinuidad temporal, precisamente porque haber ocultado la exposición inmediata del ardid mediante la figura de la compra al crédito no desvincula a éste de la defraudación patrimonial que buscaba realizar. El caso aquí es que la revelación del ardid quedó suspendida temporalmente hasta el momento en que el acusado emitió el cheque sin fondos, pero no puede negarse que existió desde el principio, pero con la modalidad de que su existencia se reveló días después al emitirse los cheques sin fondos.



A continuación resumiré el contenido de la sentencia lo más posible para no aburrir al lector, e iré intercalando en color azul mis comentarios con la esperanza de que puedan demostrar la validez de mi valoración.

Recurso de casación penal No. 313-2008.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA PENAL... Recurso de casación interpuesto por el acusado O.T.M.C., contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal… en el proceso seguido contra el casacionista por el delito de estafa propia.

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Décimo de Sentencia Penal… [declaró]: “I) Que el acusado OSCAR TOMAS MAYEN CALANCHE, es autor responsable del delito de: ESTAFA PROPIA…
SENTENCIA RECURRIDA
La Sala recurrida resolvió por unanimidad: “I) QUE NO ACOGE el Recurso de Apelación Especial por Motivo de Fondo…  
CONSIDERANDO-II- la Cámara Penal se pronunciará únicamente en cuanto al submotivo de fondo, fundado en el artículo 441 numeral 5) del Código Procesal Penal… [Que] dispone que procede el recurso de casación por motivo de fondo: “Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación, cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto”. El casacionista señala como infringido por “inaplicación” el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que “(…) los hechos que la sala tipifica como delito… de estafa… son constitutivos de una deuda. Ya que para que se tipifique la estafa es menester que el detrimento patrimonial se de en el momento que se da la disposición patrimonial y en el presente caso se habían emitido facturas cambiarias con treinta días de crédito, por lo cual el acusado que supuestamente emitió el cheque lo hizo para pagar una deuda. En el presente caso los hechos descritos en la sentencia de segundo grado constituyen una deuda y no un ardid o engaño para defraudar. Se nos condena a prisión por una deuda lo cual en nuestra constitución esta prohibido y por lo tanto es un hecho que no constituye delito, inobservando con ello el artículo 17 de la Constitución, porque lo que supuestamente se tiene como delito de estafa no lo es, ya que para que se tipifique… es necesario que exista un ENGAÑO PREVIO Y SUFICIENTE. En el presente caso no se puede estimar que exista un engaño previo y que ello se relacione causalmente con la defraudación en el patrimonio que supuestamente sufrió el querellante adhesivo puesto que el propio tribunal [tiene por acreditado] que la mercadería supuestamente vendida, lo fue al crédito (30 días) por lo que al pagar dicha DEUDA con el CHEQUE objeto de este proceso, no se esta dando una disposición patrimonial, ya que la mercadería fue vendida al crédito… el hecho de que se extendiera un cheque para un crédito o deuda representada en títulos de crédito no puede ser constitutivo de DELITO DE ESTAFA PROPIA, PUESTO QUE NO HUBO DISPOSICIÓN PATRIMONIAL, debido a que la factura cambiaria es un titulo de crédito según el artículo quinientos noventa y uno (código de comercio), puesto que los bienes ya habían sido entregados en virtud del contrato de compraventa al crédito representada por facturas cambiarias…
-III-
La Cámara Penal, al analizar el submotivo de fondo invocado… encuentra que el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, señalado por el casacionista como vulnerado, establece, entre otros casos, que no hay prisión por deuda.
Para verificar la vulneración denunciada es necesario analizar los hechos que el tribunal de sentencia tuvo por acreditados, siendo éstos los siguientes: [y repite los que ya constan arriba en el resumen del recurso, y agrega:]
Para el tratadista Sebastián Soler (Derecho Penal Argentino. Tomo III. Pp.141, 179, 180, 186, 220, 221 y 222. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires, 1992), "la estafa es una disposición patrimonial perjudicial tomada por un error determinado mediante ardides tendientes a obtener un beneficio indebido", y estima el mismo tratadista que el ardid constituye el punto central de la teoría de la estafa, definiéndolo "como el astuto despliegue de medios engañosos"; y sigue diciendo "para constituir ardid se requiere el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como verdadera y determinante". Para el mismo tratadista "el elemento subjetivo del ardid, sea cual sea el medio empleado, la actividad engañosa debe haber sido desplegada intencionalmente, debe consistir en una maniobra subjetivamente dirigida al fin de engañar". Continúa arguyendo que: "La figura de estafa subjetivamente compleja, porque no solamente requiere de un elemento psíquico insito en el ardid, sino además un elemento psíquico objetivo, consistente en el error del cual es víctima una persona dotada del poder de tomar una disposición patrimonial viciada…". Debe ocupar un lugar intermedio entre el ardid y la disposición patrimonial y con ambas ha de mantener una estrecha relación de razón suficiente. El ardid -agrega- debe haber determinado el error y este a su vez debe haber determinado la prestación. Si no existe esa perfecta consecutividad, tampoco hay estafa, y concluye: "Claro que, mirado desde otro punto de vista, puede existir un perjuicio y no existir, sin embargo estafa, porque el sujeto activo puede haber actuado sin el propósito de procurarse un beneficio indebido... además se requiere que el engaño sea buscado como medio para el logro de un provecho ilícito".
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones…para no acoger el recurso de apelación especial por motivo de fondo… arguyó: “(…) A juicio de los que juzgamos…  [en el hecho] resalta la participación del acusado en el escenario criminal, al haber extendido un cheque de su cuenta personal en el mes de octubre de dos mil cuatro, a sabiendas que la misma se encontraba inhabilitada desde el mes de julio del mismo año; por lo que lo señalan como autor responsable del delito imputado. De lo anterior este Tribunal estima también que del hecho acreditado y del razonamiento proporcionado, no hubo inobservancia del artículo 17 constitucional, ni errónea aplicación del artículo 263 en relación con el artículo 10 ambos del Código Penal, toda vez que en el mismo concurren los elementos consistentes en la defraudación en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno, defraudación que complementa el artículo 264 del mismo cuerpo legal citado que establece en su numeral 16) que quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él, en cualquier otra forma, sin haber pagado la totalidad del precio. Los elementos anteriormente señalados son indispensables para la existencia del delito de ESTAFA. El elemento subjetivo está constituido por la conciencia de que se usa el ardid o engaño para defraudar patrimonialmente al sujeto pasivo ya que el bien jurídico que se tutela es precisamente el patrimonio económico de las personas. Los argumentos referidos, se hacen con el objeto de respaldar que el hecho acreditado está correctamente subsumido en el artículo señalado como erróneamente aplicado por el apelante, toda vez que lo que se discute no es el origen del pago, sino el ardid o engaño ocasionado al extender para dicho pago un título de crédito con valor económico, como lo es el cheque, de su cuenta personal, a sabiendas de la inhabilitación de dicha cuenta con fecha anterior a la consignada en dicho documento (…)”.
[A continuación la sentencia cita el artículo 263 del Código Penal] “Comete estafa propia quien, induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno…
La Cámara Penal al respecto hace las siguientes acotaciones: a) La característica principal de esta modalidad delictuosa, deviene del hecho de hacer que el sujeto pasivo, por haber sido inducido a error, emita voluntariamente una disposición patrimonial que le perjudica personalmente o afecta el patrimonio de otra persona, para lo cual el sujeto activo habrá de valerse de ardid o engaño… Esta Cámara procede a analizar si la acción del acusado constituye o no conducta delictiva, y en consecuencia, si se violó o no, el artículo 17 constitucional.
[A continuación la Corte resume los hechos que se han tenido probados, consistentes en que el procesado efectuó un pedido de bolsas plásticas, con una sociedad anónima; que se procedió al despacho de la mercadería emitiéndose las facturas cambiarias respectivas, con crédito para treinta días; que para el pago de dicha mercadería el procesado libró posteriormente un cheque que al ser presentado para su pago fue rechazado por revocatoria de orden de pago, con lo cual la sociedad anónima fue defraudada en su patrimonio. Este hecho de la “revocatoria de la orden de pago” es determinante y la Corte no supo reconocerlo. El caso es que la cuenta bancaria había sido cancelada antes de la emisión del cheque; y entonces era fundamental saber si también lo había sido antes de la negociación de compraventa, pues en tal caso la intencionalidad de defraudar se evidenciaba mejor. Sin embargo, también es posible que una defensa genial dijera que precisamente este hecho de que la cuenta ya estaba cancelada demostraba que no había la intención de defraudar, sino que al momento de pagar, por falta de controles administrativos y contables, se cometió el error de hacerlo con la chequera de una cuenta cancelada, pero que a la fecha se disponía de otras cuentas bancarias que tenían fondos suficientes con los que se habría podido pagar, lo que desvirtuaría que hubiese habido un ardid, y por ende la intención dolosa.

Después la Corte continúa su razonamiento en los términos siguientes:]

Partiendo de los hechos, se hace ostensible el engaño. El casacionista aduce que “(…) lo que supuestamente se tiene como delito de estafa no lo es, ya que para que se tipifique la figura delictiva de estafa propia es necesario que exista un ENGAÑO PREVIO Y SUFICIENTE, en el presente caso no se puede estimar que exista un engaño previo y que ello se relacione causalmente con la defraudación en el patrimonio que supuestamente sufrió el querellante adhesivo puesto que el propio tribunal [tuvo por acreditado] que la mercadería supuestamente vendida, lo fue al crédito (30 días) por lo que al pagar dicha DEUDA con el CHEQUE objeto de este proceso, no se esta dando una disposición patrimonial, ya que la mercadería fue vendida al CREDITO y dicho crédito constituye una deuda representada en las facturas cambiarias descritas, es decir el hecho de que se extendiera un cheque para un crédito o deuda representada en títulos de crédito no puede ser constitutivo de DELITO DE ESTAFA PROPIA (…)”. Este alegato plantea la discusión de en qué momento se induce a error para defraudar.
[Esta afirmación es importantísima. El que exista demuestra que en algún momento se vislumbró el problema esencial, pero lamentablemente no se le dio respuesta y por alguna desconcentración se dejó de lado sin resolverlo.]
En efecto, si se considerara que el acusado no empleó ardid para obtener la mercadería defraudada, sino que la defraudación se produce en el momento en que emite un cheque sin provisión de fondos, porque la cuenta había sido inhabilitada, ello no llevaría a la conclusión a que llega el casacionista, es decir, que se trata de una conducta no tipificada, pues según él se trataría de una simple deuda que no podría ser penalizada. La conclusión jurídica correcta de la tesis del recurrente sería más bien adecuar la conducta al tipo establecido en el artículo 268 del Código Penal (estafa mediante cheque), ya que se dio en pago de la deuda un cheque sin provisión de fondos. Se considera que por la naturaleza proteica del delito de estafa, es explicable, que tanto el tribunal a quo como el ad quem hayan subsumido la conducta objeto del juicio, en el tipo regulado en el artículo 263, pero bien pudieron hacerlo igualmente en el artículo 268 ibid, y en cualesquiera de los casos estaría a salvo el respeto al artículo 17 constitucional denunciado como violado. Queda claro que no se trata de una simple deuda, sino de un acto de engaño en donde se da una evidente defraudación, a través del mecanismo ya señalado. Por lo anterior, esta Cámara es del criterio que la actuación del acusado O.T.M.C. sí se enmarca en el supuesto de hecho contenido en el artículo 263 del Código Penal que regula el delito de estafa propia, no existiendo por lo tanto “inaplicación” del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En consecuencia el recurso interpuesto debe declararse improcedente.
LEYES APLICADAS
Artículos ….
POR TANTO
La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal … DECLARA: IMPROCEDENTE el recurso de casación por motivo de fondo, en cuanto al submotivo contenido en el numeral 5) del artículo 441 del Código Procesal Penal, interpuesto por el acusado Oscar Tomás Mayén Calanché….

César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, Magistrado Presidente de la Cámara Penal; Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos, Vocal Cuarto; Héctor Manfredo Maldonado Méndez, Vocal Quinto; Gustavo Bonilla, Vocal Décimo Tercero. Jorge Guillermo Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

Etiquetas: Delito de estafa,

DOCTRINA
No existe violación del artículo 17 constitucional, cuando los hechos acreditados por el tribunal de sentencia por el delito de estafa propia, se adecúan a uno de los tipos delictivos que regulan ese delito. Por lo mismo, resulta improcedente un recurso de casación en que se alega que sólo existe una simple deuda, cuando no se indujo a error al comerciante que entrega mercancía al crédito, y en el momento de pago recibe un cheque sin provisión de fondos. Ello, porque el error y la defraudación se produce cuando se realiza falsamente el pago.

viernes, 8 de junio de 2012

Juez unipersonal de sentencia. Un ejemplo de dislexia conceptual.


¿Se han dado cuenta que en Guatemala ahora hay jueces “unipersonales de sentencia”; y que éstos encabezan sus sentencias identificándose como “Juez unipersonal del tribunal de sentencia penal, narcoactividad... de Guatemala”?

¿Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia? Creo que esto es un error muy grave en el uso del lenguaje. Todos los jueces son personas, y cada juez es un solo juez, es decir, una sola persona, y por lo tanto resultaría..., sí, eso, que todo juez es “unipersonal”. ¿No es eso obvio? El error de esta denominación pasó todos los filtros y finalmente quedó así en la propia ley.[1]. Es difícil de creer que las personas encargadas de plantear iniciativas de ley hayan podido cometer este error, y más aún que nuestros legisladores lo hayan consentido. La reforma al artículo 44 del Código Procesal Penal debió ser en el sentido de agregar como órgano competente en materia penal al “juez de sentencia”, y punto. Otras normas complementarias fijarían su competencia para los delitos con pena menor de cinco años y su "adscripción" a algún tribunal de sentencia preexistente, para así poder apoyar su actividad en el personal administrativo de dicho tribunal.

Esta denominación del "juez unipersonal de sentencia", como finalmente quedó en la reforma, es producto de una especie de dislexia conceptual.


Como los que dictan sentencia son los "tribunales de sentencia", para  descargarlos de la excesiva acumulación de trabajo se tuvo la idea de crear jueces de sentencia especiales para los delitos con pena menor a cinco años. Si la sentencia la han dictado hasta aquí tribunales compuestos por 3 jueces (tribunales colegiados), los que idearon esta reforma debieron pensar que entonces había que crear tribunales de un solo juez; es decir, una especie de tribunales unipersonales (¿?). Pero si ese era el caso, como ya lo dije antes, sólo había que nombrar jueces de sentencia, y  eso era todo.  


Pareciera que el choque conceptual entre hablar de un tribunal de sentencia, que por definición está compuesto por tres jueces, y hablar de un “tribunal” compuesto de un solo juez, se transformó en la pirueta de pensar en jueces unipersonales de sentencia, pues a los inventores de esto les sonaba inconsistente (y no sin razón) hablar de “tribunales unipersonales”. Pero por no caer en este error cayeron en el de hablar de “jueces unipersonales de sentencia”. Lo correcto era simplemente agregar como órgano competente en materia penal al "juez de sentencia". 


Seguramente otro factor que provocó este lapsus conceptual fue, alimentada por nuestras endémicas penurias económicas,  la idea de que este nuevo juez de sentencia tendría su sede en el mismo tribunal de sentencia, auxiliado por el mismo personal  administrativo. Por lo tanto, en la mente de los reformistas debió fijarse la idea de que este nuevo juez sería, de alguna manera, parte del mismo tribunal, pero que como este juez dictaría las  sentencias él solo, entonces era unipersonal. Es decir, cuando él actuara el tribunal sería unipersonal, ¿se entiende? Con esto se quiso decir que el tribunal que personificaba este nuevo juez, por ser sólo el, es unipersonal. Y, como la denominación de "tribunal unipersonal" era un barbarismo demasiado obvio, los reformistas cayeron en la tautología de hablar de "jueces unipersonales". ¡Qué enredo innecesario! 



[1] Artículo. 2 del Decreto 51-2002 del Congreso de la República.

miércoles, 18 de abril de 2012

¿Femicidio u homicidio preterintencional?


Casación Penal 505-2011

Síntesis

1) Los hechos que motivan el caso son los siguientes:

Municipio de San Luis, Petén. El procesado y su conviviente tuvieron una discusión. El procesado afirma que sacó su arma de fuego con el propósito de disparar para arriba y así “calamar” las agresiones verbales de su conviviente, pero ésta, que cargaba entre sus brazos a un hijo de ambos, jaló de su brazo, el arma se disparó y la hirió en la cabeza, lo cual le causó la muerte. Todo esto fue presenciado por otra hija mayor, quien después declararía en el proceso.

2) Se le acusa de femicidio, pero el tribunal sentenciante modifica la calificación del hecho por homicidio preterintencional.

2.a) Para fundamentar esta conclusión el tribunal tuvo que abonar tres atenuantes y una presunción basada en reglas de experiencia, así como descartar dos dificultades:

Las atenuantes fueron:

Confesión espontánea.
Preterintencionalidad.
Provocación de la ofendida.

La presunción basada en reglas de experiencia fue:

“Que cuando se tiene la intención de dar muerte, generalmente se ven involucrados o salen a relucir más de un impacto de bala, lo que no sucedió en el presente aso”.

Las dificultades lógicas fueron:

La declaración de la hija, que no corrobora que la víctima le haya jalado el brazo al sindicado. Su declaración transcrita dice: “…vi que tenía la pistola… ella al momento que le pegó en la frente ella se inclinó… Estaba como a dos metros de mi mamá, él (acusado) estaba comiendo, se levantó, en ese momento no dijo nada, sólo llegó y le disparó”.
El tribunal la descalifica diciendo que:
Ø    su narración no es convincente para demostrar alguna premeditación,
Ø    que confirma que todo derivó de una discusión,
Ø    que no hay prueba adicional que la corrobore, y las diferencias con lo dicho por el sindicado generan una duda razonable que debe favorecer a este último.

El informe de la necropsia mostraría que el disparo fue a muy corta distancia, circunstancia que abonaría la tesis del Ministerio Público en cuanto a que hubo clara intencionalidad y, por lo tanto, dolo directo.

Este informe, al igual que otros varios, fueron descalificados por la circunstancia de que el perito no compareció a ratificarlo en el debate. De esta manera sustrae como hecho a considerar que el disparo haya sido a cortísima distancia atravesando la cabeza de la víctima en línea recta horizontal.
Pero el informe de la necropsia fue incorporado al proceso por su lectura. ¿No es esto suficiente para tener por probado lo que el informe dice? ¿Es necesaria la ratificación en debate para que valga como prueba?

4) El Ministerio Público apela por motivos de fondo. En una primera apelación la Sala encontró crasos errores que ameritaban la anulación formal de la sentencia y ordenó el reenvío para un nuevo debate, ya que a su criterio el tribunal de sentencia valoró deficientemente la prueba documental, de la cual rechazó seis documentos que debieron admitirse, confundiendo además la prueba pericial con el anticipo de prueba. El Ministerio Público promovió amparo que es otorgado y en el que se ordena a la Sala dictar nueva sentencia. Nuevamente la Sala desestima la apelación exponiendo que los evidentes errores que muestra la sentencia debieron ser impugnados a través de motivos de forma, y no de fondo. Dichos errores son tan graves que impiden revisar la calificación jurídica que dio el tribunal a quo, especialmente porque al describir los hechos probados lo hace de forma tan deficiente que ni siquiera tiene por acreditados hechos constitutivos de delito. Se desentiende del punto controvertido y da a entender que las deficiencias de la sentencia y del recurso la obligan a confirmar.

5) El Ministerio Público plantea casación por motivo de fondo en base al numeral 5) del artículo 441 del Código Procesal Penal, y señala como norma violada por inaplicación el artículo 6 literales b, c, g y h de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, relacionado con los artículos 10 y 36 inciso 1º del Código Penal.

5.a) Su tesis se apoya en que de la lectura de la sentencia se deducen los hechos con suficiente claridad, y que éstos encajan en el delito de femicidio y no en el de homicidio preterintencional, especialmente por la cercanía y dirección del disparo, que denota intencionalidad y dolo directo, y porque el procesado actuó ante sus hijos mostrando gran desprecio a la vida.


Identificación del problema

El motivo de fondo planteado en casación nos impone como problema analizar si los hechos se adecuan a femicidio o a homicidio preterintencional.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se tuvo por probados?

El tribunal ha mostrado graves deficiencias en enunciarlos, pero nosotros los hemos deducido del conjunto de la sentencia.

Las razones para desestimar las declaraciones de la hija, que son un poco distintas a las del padre, y el informe de necropsia, que evidencia un disparo muy cercano en línea horizontal, son circunstancias que generan muchas dudas. Pero entrar a su análisis nos mete en el ámbito de motivos de forma que juzgarían sobre la logicidad en la derivación de los hechos, situación para la cual el motivo de fondo invocado no allana el camino.



Se nos presentan dos líneas de solución:

1ª) Si comulgamos con la decisión del tribunal de que se trató de una tragedia involuntaria bastará colocarnos en posición de respetar con rigidez los hechos que tuvo probados, y punto. Quitadas del camino pruebas tan incómodas como la declaración de la hija y el informe de necropsia, los hechos admiten sin dificultad la tesis del homicidio preterintencional, por lo que devendría improcedente la casación.

2ª) Si a las mencionadas pruebas les concedemos la suficiente fuerza como para quebrar la suposición de una preterintencionalidad, entonces podríamos optar por dos subvariantes:

a)  o suscribir la tesis del femicidio,
b) o suscribir la tesis de otro delito. Pero ¿cuál? Podrían ser homicidio simple, pero la circunstancia de que la víctima era conviviente del procesado lo transforma en parricidio.

La tesis del femicidio: El Ministerio Público no encaminó debidamente ni la prueba ni sus argumentos para acreditarlo. Ello habría requerido demostrar que la muerte de la mujer fue producida precisamente por su condición de mujer dentro de unas relaciones desiguales de poder con el hombre, y que haya habido una reiterada manifestación de violencia contra la víctima. Todo ese contexto previo no fue demostrado. Aunque estaría en su favor la circunstancia de que todo sucedió delante de los hijos y que, según se interpreten y valoren los hechos, el uso del arma de fuego denotaría alevosía (ver incisos g y h del artículo 6 de la Ley contra el femicidio). Aunque esto último tendría que contextualizarse tomando en cuenta que conforme los rasgos culturales se trata de gente rural, de un hombre que comercia ganado, y que suele portar arma de fuego por que dice haber sido amenazado por otras personas desconocidas, cosa que conforme el clima de violencia actual no parece inverosímil. Aquí puede consultarse la Ley contra el femicidio

La tesis de otro delito: La dificultad con esta tesis radica en que requiere una valoración de la prueba capaz de destruir el argumento del tribunal que califica la preterintencionalidad. Lo declarado por la hija y el informe de la necropsia podrían proporcionar los elementos suficientes para ello, pero requiere entrar al campo del análisis de la logicidad empleada en la valoración de la prueba, aspecto que no fue impugnado y que tendría que soslayar el hecho de que el tribunal expresamente le negó valor probatorio a la necropsia y testimonio de la hija que presenció el hecho. El Ministerio Público se limitó a motivos de fondo que sólo cuestionan la subsunción de los hechos al tipo penal, y no invocó motivos de forma para impugnar la fundamentación y la forma en que se aplican las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

En conclusión: La declaración de la hija demuestra que él se levantó, le apuntó con la pistola y le disparó en la cabeza. La necropsia, de haber sido admitida, confirmaría que el disparo atravesó de forma horizontal el cráneo y que fue hecho a cortísima distancia y en una dirección horizontal, como cuando se apunta a algo y se dispara, no como cuando un disparo sale accidentalmente. Poseído por la ira quiso “callarla”, pero no asustándola con el sonido de un disparo, sino agrediéndola directamente. Lo del cruce de brazos y que ella lo jaló parece muy inverosímil si se toma en cuenta que ella estaba haciendo cosas en la cocina y con un niño entre los brazos.
Pero los términos y motivos por los que se plantea la casación no permiten entrar a este tipo de análisis (¿o sí?), pues ello implicaría –llámesele como se le llame– entrar oficiosamente a un cuestionamiento de la fundamentación y de las reglas de la lógica aplicadas para establecer los hechos, para luego recalificarlos ya sea como homicidio o como parricidio o como femicidio.
El Ministerio Público no ha sabido aportar elementos de convicción para apoyar su teoría, la prueba es deficiente, el tribunal de sentencia parece haber sido impresionado por la confesión y el arrepentimiento del sindicado y modifica el delito a uno menos grave. El Ministerio Público comete un error en el planteamiento de su casación al no entender que no se trata sólo de un problema de subsunción de los hechos al tipo penal correcto, sino de un problema en la valoración de la prueba que sirve para fijar esos hechos.
No hay que olvidar que aquí se da la circunstancia de que la víctima era conviviente del procesado, y por lo tanto lo mínimo que cabía era calificar parricidio, lo que implica una pena de 25 a 50 años, la misma que corresponde a femicidio, así que aquí, la especial circunstancia de que la víctima es una mujer, que era su conviviente, que al utilizar un arma de fuego y disparar a la cabeza configura claramente la alevosía, y que el hecho se ejecuta en el propio hogar y frente a los hijos, no deja dudas de que se trata de femicidio.
Ahora bien, se debe tener cuidado en cuanto a la alevosía, pues en este caso no creo que deba estimarse como una agravante que aumente la pena, sino como un elemento propio del delito, pues la literal h) del artículo 6 de la Ley de femicidio establece que este delitos de configura “cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal”.

La sentencia de Cámara Penal quedó finalmente así: 


II
Cuando de las valoraciones probatorias positivas que realiza el tribunal de sentencia se desprenden hechos que no fueron consignados en el apartado correspondiente –por ejemplo en este caso, el de los hechos acreditados–, en atención al principio de “unidad de la sentencia” pueden asociarse tales hechos con el objeto de complementar e integrar correctamente la plataforma fáctica del caso, siempre y cuando tales asociaciones fácticas se desprendan fehacientemente del otorgamiento de valoración probatoria realizada por el a-quo y que no se aparten del marco de la acusación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En el presente caso, tal y como la Cámara de Amparo y Antejuicio de esta Corte le indicó a la Sala en el amparo que dejó sin efecto su primera sentencia, del cuerpo considerativo de la sentencia del a-quo se podía desprender fácilmente que sí había un hecho tipificado como delito, especialmente cuando dice: “todo ello nos conduce a pensar que se debe tener por probado el hecho que el señor Andrés Pan Pop llevó a cabo una acción que encuadra dentro de los elementos positivos del delito de homicidio preterintencional” (apartado romano V, página 19). - - - - - - - - - 
Despejada esta primera dificultad, corresponde analizar el motivo de casación invocado por el Ministerio Público, el cual denuncia falta de aplicación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer al no haberse tipificado femicidio. A este respecto se establece que aunque el procesado haya mostrado arrepentimiento y confesado que disparó el arma de fuego contra la víctima sin la intención de causarle la muerte, esta Cámara considera que la declaración de la hija de la víctima, quien fue testigo presencial del hecho, no corrobora el dicho de que la víctima le haya jalado el brazo al sindicado. Su declaración transcrita dice: “…vi que tenía la pistola… ella al momento que le pegó en la frente ella se inclinó… Estaba como a dos metros de mi mamá, él (el acusado) estaba comiendo, se levantó, en ese momento no dijo nada, sólo llegó y le disparó”. A esta declaración le fue otorgado valor probatorio por el Tribunal de juicio, es contundente y refuta la calificación del homicidio como preterintencional. El tribunal le merma fuerza probatoria diciendo que “los detalles narrados por ella no son convincentes para poder determinar que el acusado haya premeditado la acción cometida”, y que su declaración “no encuentra sustento en otro órgano de prueba generado en el debate, porque el acusado al hacer una confesión espontánea, narra de otra manera los hechos, por lo que surge la duda razonable”. A este respecto debe mencionarse que la dificultad en calificar el hecho no radica en que haya o no premeditación, sino preterintencionalidad, es decir, no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, y es esto precisamente lo que no se corrobora por la forma en que la testigo presencial narra el hecho, quien dice: “…ella al momento que le pegó en la frente ella se inclinó… Estaba como a dos metros de mi mamá, él (el acusado) estaba comiendo, se levantó, en ese momento no dijo nada, sólo llegó y le disparó”. Este hecho acreditado inclina a creer, contrariamente a la inferencia que hace el tribunal, que el procesado quiso herir a la víctima de forma directa, no siendo verosímil que sólo quería disparar al aire, ni tampoco que, teniendo ella a un hijo en los brazos, le haya jalado la mano al procesado y eso haya desencadenado la desgracia. Por lo tanto, los hechos que el propio tribunal ha tenido por probados no demuestran la preterintencionalidad sino lo contrario, incurriendo el tribunal en un error de juicio en la aplicación del derecho sustantivo (error in iudicando in iure) porque aplica indebidamente a los hechos el artículo que tipifica el delito de homicidio preterintencional, siendo que la calificación correcta es la de femicidio, toda vez que ha quedado establecido: el dolo homicida en el sujeto activo, que la víctima era mujer y su conviviente en el momento del hecho, que el mismo se ejecutó frente a los propios hijos, y que hubo clara alevosía al haber empleado un arma de fuego con la que hirió a la víctima en la cabeza, asegurándose así la ejecución de su propósito. Además, el hecho ocurrió en un contexto de relaciones de poder entre hombre y mujer, ya que el sujeto activo desenfundó su arma, según lo narrado por él, para “callarla”. Todo lo anterior configura claramente el delito de femicidio conforme lo tipifica el artículo 6 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer. Debe hacerse la aclaración que las consideraciones anteriores no implican una valoración de la prueba por parte de esta Cámara, sino que constituye una corrección jurídica de la adecuación típica realizada por el sentenciante, de los hechos tenidos por probados. 


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Ahora pregunto al lector: ¿es o no valorar prueba la forma en que se resuelve? ¿por qué?